Legitimidad policial y riesgos democráticos

[L]a legitimidad de las instituciones del sistema penal y, más específicamente, de la policía es un factor estratégico en las políticas públicas de seguridad. Su menoscabo es especialmente grave por cuanto acaba provocando déficits democráticos, si consideramos que la experiencia de la ciudadanía se configura, sobre todo, en las interacciones cotidianas entre las personas y los servicios públicos.

La falta de rigor en los debates públicos sobre la policía comporta riesgos para la legitimidad de la institución y para la calidad de la democracia, tantos o más que las malas prácticas policiales. Esto se puso de manifiesto, per ejemplo, en la intervención policial con uso de la fuerza que tuvo lugar en el barrio del Raval de Barcelona el pasado 6 de octubre, en la que murió una persona con la que intervenían diversos agentes de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

Por descontado, ello no quiere decir que la actividad policial deba quedar al margen del control público y político. En absoluto. Lo que sugiere es que las personas que participan en dichos debates, especialmente si tienen o han tenido responsabilidades públicas, deben ser rigurosas y responsables, y evitar los habituales tópicos sobre el trabajo policial y las explicaciones sencillas a problemas tan complejos como son los de inseguridad. Deben hacerlo porque, muchas veces, las respuestas políticas que suelen derivarse de estos debates adolecen de la precipitación que impone el ritmo de los medios de comunicación y de altas dosis de populismo y de negación de una realidad que siempre es conflictiva, con lo que, por lo general, difícilmente aportan soluciones a los problemas a los que se enfrentan.

En general, tanto la comunidad científica como los políticos y profesionales de la seguridad y la policía han prestado poca atención a este factor tan decisivo como es la legitimidad policial. La primera sigue preguntándose, sobre todo, por qué las personas infringen la Ley. Por otro lado, las políticas de seguridad están dominadas por las estrategias disuasorias basadas en la amenaza y el castigo, así como en otros factores motivacionales relacionados con la eficacia de las instituciones o los incentivos.

Sin embargo, en los últimos años, el interés teórico por los motivos por los cuales la mayoría de personas obedecen la Ley y cooperan con la policía está poniendo de manifiesto que las instituciones del sistema penal también operan promoviendo y favoreciendo los comportamientos normativos y la cooperación voluntaria de la ciudadanía, algo bastante más deseable que su imposición y de innegable valor estratégico.

En realidad, más que el temor a ser sancionadas o porque estén de acuerdo con las normas o indicaciones que reciben, lo que lleva a las personas a respetar la Ley y a cooperar con las autoridades es la convicción de que es moralmente correcto hacerlo, y ello depende de la legitimidad que conceden a dichas autoridades, a las que consideran válidas y capacitadas para establecer las conductas más apropiadas en cada momento.

La reflexión teórica más reciente señala que la legitimidad tiene tres componentes: la obligación de obedecer, la legalidad y la afinidad moral. Una institución está legitimada cuando la ciudadanía sujeta a su autoridad legal siente el deber de obedecerla y ese consentimiento de la autoridad surge del convencimiento de que la institución actúa legalmente y comparte sus valores.

Para el contexto europeo, la investigación empírica centrada en los datos de la Encuesta Social Europea (quinta edición, 2010) ponen de manifiesto que las relaciones entre la legitimidad empírica, la conformidad y la cooperación se muestran altamente significativas en los 26 países incluidos en el análisis, entre los que se encuentra España. Los datos analizados revelan que la confianza en el trato justo y respetuoso por parte de la policía es el factor más importante de la legitimidad policial en todos esos países;  mucho más que la confianza en la efectividad policial –que la policía consiga sus objetivos— o que la confianza en la justicia distributiva del trabajo policial –que la policía atienda por igual a todos los grupos sociales. Y ello tanto en lo referente a la creencia en el deber de obedecer como en relación con el otro componente de la legitimidad, la afinidad moral.

 

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Consentimiento con la policía y percepción de la valores morales compartidos (% de acuerdo). Fuente: Encuesta Social Europea, 5ª edición, 2010.

 

Desde luego, no parece razonable plantear que las políticas públicas de seguridad renuncien a la vía disuasoria. Ahora bien, dar la espalda a lo que indican estos datos sería, además de poco razonable, irresponsable, especialmente en estos momentos de crisis, en los que los policías deben gestionar tensiones en un clima generalizado de descrédito de las instituciones públicas y de contestación social, y en los que no parece posible que dichas políticas vayan a mejorar por el incremento de las plantillas policiales.

Los policías saben bien que la legitimidad no es un recurso como pueda serlo la pesca en el mar o la madera en los bosques, que está disponible para ir a buscarlo y disponer de él en cuanto se necesite. Las reformas policiales más recientes, las que tienen que ver con la orientación a la comunidad o con el trabajo policial de proximidad, han supuesto enormes esfuerzos institucionales a lo largo de décadas que han buscado, entre otras cosas, legitimidad. Por eso, los policías también saben que aunque cuesta mucho ganarla, se pierde muy fácilmente, y reconocen que ellos son el actor que más deberá esforzarse para mantener y aumentar la legitimidad que la ciudadanía les reconoce.

El reto está en insistir y buscar las mejores fórmulas para trasladar adecuadamente a los policías –especialmente a los que trabajan en primera línea: mandos intermedios y agentes de base— que es del todo necesario que traten con consideración y respeto a las personas con las que intervienen, aunque desafíen su autoridad y a menudo los menosprecien o los agredan; convencerlos de que hay que hacerlo por motivos diversos, entre ellos también operativos; y de que reaccionar de manera desconsiderada o violenta en situaciones en las que no se reconoce su autoridad, aunque fácil, no es una solución satisfactoria a medio y largo plazo.

Si hay alguna posibilidad de que los propios policías escuchen este mensaje, asuman esta necesidad y mejoren sus intervenciones, ésta pasa porque se reconozca públicamente la gran exigencia que supone lo que se les pide y que los que participan en los debates públicos que se producen con ocasión de intervenciones policiales consideradas como inadecuadas lo hagan con rigor, si de verdad están preocupados por la seguridad pública y la calidad del trabajo policial, y sin despreciar el conocimiento profesional y científico acumulado sobre las relaciones entre los policías y la ciudadanía en sociedades cada vez más plurales, democráticas y complejas.

Para ampliar información:

REQUENA, J. Policía y desarrollo urbano en la ciudad contemporánea. Tesis doctoral dirigida por Horacio Capel Sáez. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2013.

HOUGH, M., JACKSON, J. y BRADFORD, B. ¿De qué depende la legitimidad policial? Resultados de una encuesta europea. Indret. Revista para el análisis del Derecho. Barcelona, octubre de 2013. <http://www.indret.com>.

 

Jesús Requena es doctor en Geografía por la Universitat de Barcelona y policía, inspector de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

 

Ficha bibliográfica:

REQUENA, J. Legitimidad policial y riesgos democráticos. Geo­cri­tiQ. 1 de abril de 2014, nº 42. [ISSN: 2385–5096]. <http://www.geocritiq.com/2014/04/legitimidad-policial-y-riesgos-democraticos/>

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